Comunidades indígenas presentaron un amparo colectivo contra proyecto de minería en la región

Cerca de 10 comunidades Mapuche realizaron una presentación judicial de amparo colectivo ante el otorgamiento de permisos a empresas mineras para explorar territorios comunitarios.

La notificación apunta a la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro: “debimos recurrir para que en el ámbito judicial se resolviera una situación que debería ser parte de la política de estado del Gobierno provincial: la consulta previa, libre e informada a las comunidades mapuche y sus organizaciones representativas cuando se afectan los territorios y las vidas de las comunidades”, expresaron en un comunicado oficial.

El amparo fue firmado por las comunidades Pulam Lafken, Amulen Che, Ragiñ Plang Curra Mew, Pilquiniyeu del Limay, Ancalao, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo y Ñanco Newen, en conjunto con los referentes de la Zona Andina en la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro, y del consejero de la misma zona andina en el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (CODECI).

De acuerdo a lo que advirtieron, la Secretaría de Minería otorgó, a fines de abril, permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A, en siete áreas.

“El Estado argentino ha suscripto tratados internacionales y garantiza en su Constitución Nacional la consulta y participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que nos afecten y ha ratificado esos acuerdos en la Ley Nacional 24.071 desde el año 1992”, señalaron las comunidades.

Y agregaron: “estamos llevando adelante la defensa de algo tan vital como es el agua, en un momento donde se ha declarado la emergencia hídrica en nuestra región. Defendemos el territorio y las vidas que lo habitan, incluyendo el de todas las personas no mapuche con las que convivimos. Manifestamos nuestra firme oposición al extractivismo megaminero que se intenta implementar en la región y que ha dado muestras en todo el mundo de que sólo genera contaminación, muerte, desplazamientos de personas, eliminación de las formas tradicionales de vida y para los pueblos indígenas, el fin de nuestra cultura”.

“La provincia debiera informar y consultar también por cualquier tipo de afectación administrativa que realice en los territorios de las comunidades”, indicaron en el comunicado, y remarcaron el pedido de que el Gobierno rionegrino aplique la Ley nacional 26.160 que determina cuáles son los territorios comunitarios indígenas. (ANB)