Críticas y rechazos al aumento del boleto

Finalmente, ayer (martes) se llevó a cabo la audiencia pública por la revisión de la tarifa del pasaje del transporte urbano para todas sus líneas, la cual fue solicitada por la empresa Mi Bus.

El encuentro comenzó minutos después de las 18 horas, en las instalaciones del Gimnasio Nº3 y contó con una escasa convocatoria, de apenas 13 oradores. De todos modos, la expresión de los participantes fue unánime: rechazaron llevar el valor del boleto a $94.

La audiencia estuvo presidida por la vicejefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala, quien manifestó: “Esta instancia de participación ciudadana es muy importante para nosotros. Si bien no es vinculante,  nos interesa escuchar la opinión de los vecinos y usuarios, que nos servirá  la hora de tomar decisiones”.

“En un momento muy complejo por el que atraviesa el sistema de transporte de pasajeros, no sólo en Bariloche, sino en todo el interior del país, en esta lucha desigual que llevamos a cabo, con la distribución desigual de los subsidios que son sumamente necesarios para sostener el sistema”, aclaró González Abdala, acompañada también por el subsecretario de Tránsito y Transporte, Martín Trebino, y la secretaria Legal y Tecnica, Mercedes Larmartres.

En primer lugar, fue el turno de  Juan Pablo Follonier, representante de Amancay SRL, quien defendió y presentó argumentos para llevar el precio del boleto de $41 a $94: “El contrato, establece revisión cada seis meses y la ultima es de junio del 2019. Se prevé un ajuste cuando un componente de la fórmula polinómica se dispara por encima del 5% de su valor. En este caso, estamos analizando el pedido de tarifa que cerró en diciembre de 2020 y los datos se corresponden al período del año pasado”.

Follonier se basó en el aumento de costos fijos y variables para respaldar el pedido de Mi Bus: “Prestación promedio es de 550 mil kilómetros, que llagaron a 600 mil. Con las restricciones esta cantidad disminuyó por el recorte de frecuencias. Tenemos una caída, en algunos casos del 90%”, explicó.

También señaló la caída en la cantidad de pasajeros: “de 860 mil mensuales, de los cuales el 42% no paga tarifa plena, con las restricciones llegamos a llevar el 10% de esa cantidad. Por eso, en el cálculo de la tarifa, el índice de pasajero por kilómetro (IPK) sufrió una merma más que importante”. En ese sentido, Mi Bus pasó de llevar un promedio 2,2 pasajeros por kilómetro a 0,6.

“Durante el periodo sin revisión, el combustible aumento un 48% y en el 2021 lleva 15 aumentos, con un acumulado del 90%. Con la inflación pasó lo mismo: en el 2019 sufrimos uno de los mayores aumentos y en el 2021 se estima que superará el 45%”, marcó el representante de Mi Bus, quien también recordó la suba salarial establecida por UTA en el último año.

Finalmente, reclamó que “el 82% de los subsidios nacionales van a las empresas del AMBA y el 18% restante, al interior de la Argentina, y que hubo una baja en los subsidios provinciales y municipales durante el transcurso de la pandemia”.

“La suba de los costos y la baja de los pasajeros transportados, nos lleva a esta solicitud”, dijo Follonier y sostuvo que “la tarifa técnica nos da un valor de $94,63”.

Por parte de los oradores, que tuvieron entre 5 y 10 minutos para exponer, las críticas no se hicieron esperar para, no sólo rechazar el aumento de la tarifa, sino  señalar la falta de fiscalización del contrato por parte del Ejecutivo y de los concejales, y reprobar el servicio que Mi Bus presta en Bariloche.

Además, muchos de los participantes deslegitimaron la audiencia pública por realizarla en época de pandemia y restricciones, lo cual limita la participación ciudadana: “Hacer la audiencia pública en pandemia, significa apagarla. La convierte en un acto privado”, manifestó una de las interlocutoras.

Entre otros temas, se pidió la puesta en marcha de  una comisión que investigue los números contables de la empresa y que lo que se diga en la audiencia tenga un calor vinculante para el Gobierno municipal. Otros propusieron la municipalización del servicio con expropiación de los bienes de la empresa, mientras que algunos participantes señalaron la empresa no puede llevarse más del 20% de ganancia y denunciaron que no se pagan las patentes de los colectivos ni se cumplen las normas IRAM las unidades. (ANB)