Causa Cárdenas Carrasco: Fiscalía y querella apuntaron contra la cúpula policial

“A pesar de las dilaciones, chicanas y ocultamientos de pruebas a lo largo de estos 8 años, la verdad no se puede tapar”, fueron las primeras palabras del alegato de Natalia Araya, la abogada querellante por el asesinato de Sergio Cárdenas, este jueves, en una de las últimas jornadas del juicio por los homicidios del 17 de junio de 2010.

La letrada continuó contra los ocho imputados, y afirmó que “intentaron llevar el juicio a su forma”.  Para Araya, se trata de un “juicio histórico” y remarcó que además de estar la cúpula policial en el banquillo de los acusados, también hubo mucha “valentía” por parte de testigos que se presentaron a declarar a pesar de haberse ido de la ciudad por temor.

“Todos los testigos indicaron que se esperaba que pase algo grave porque habían asesinado por la espalda a un chico de 15 años”, sostuvo. En este sentido, además agregó que conforme pasaron las diversas audiencias, “quedó probado que solo era un grupo de adolescentes pidiendo justicia por su amigo asesinato”.

Araya destacó además que la Comisaría 28 ya estaba sindicada antes del fatídico día, como “un lugar de tortura, donde las madres estaban acostumbradas a buscar a sus hijos adolescentes que salían todos golpeados”.

Durante sus alegatos, Araya distinguió el accionar del BORA (ahora COER) del de los uniformados de las distintas comisarías. “El grupo de elite estuvo encargado y abocado a repeler y disuadir a los manifestantes, sin avanzar sobre ellos, mientras que el personal policial era un descontrol total y se encargó de reprimir”.

Para la abogada querellante además, la actitud que tomaron los integrantes de la fuerza contribuyó al malestar social que se había desatado desde temprano en la mañana por el asesinato de Diego Bonefoi por parte de un empleado policial. “¿Cómo intentaron pacificar? Reprimiendo, disparando, tirando piedras”, indicó.

El paso del tiempo para llegar finalmente al juicio contra los imputados, fue otro de los aspectos duramente criticados por la letrada quien además consideró irónicamente que “estos ocho años sirvieron para que el personal policial pierda la memoria”.

“Acá hubo plomo. No sabemos de dónde salió, pero hubo plomo”, señaló con firmeza en relación al uso de municiones por parte de la fuerza rionegrina. “El personal puso en riesgo su vida por su propio accionar. Nunca dispararon con rebote, directamente disparaban a 90 grados”, expuso.

Con respecto al desempeño de las autoridades policiales, sentadas en el banquillo de los acusados, Araya consideró que “enviaron a su personal desprovisto, sin saber a dónde iban, a poner solo el cuerpo”.

También apuntó contra la decisión del exjefe de la Policía Jorge Villanova, el exjefe de la Unidad Regional Tercera Argentino Hermosa y el entonces secretario de Seguridad Víctor Cufré de viajar a El Bolsón el día de los conflictos donde fueron a mantener una reunión con la familia de Guillermo Neumann, un médico policial que había sido asesinado meses antes.

“En El Bolsón no había riesgos para la comunidad, era aquí donde tenían que estar”, consideró Araya y agregó  “la Policía hizo y deshizo a su antojo, hasta un perro murió ese día. Los jefes policiales se fueron a comer un asado mientras la gente en Bariloche se estaba muriendo”.

Araya enuméro luego una serie de hechos probados a lo largo del juicio y remarcó lo extraído del testimonio del perito físico forense Rodolfo Pregliasco quien manifestó que había un “1 por ciento de posibilidades de que los cartuchos de color rojo sean antitumulto, es decir, que se utilizó munición de propósito general, es decir, de plomo”, manifestó.

La abogada solicitó que se condene a 8 años de prisión y el doble de inhabilitación más costas a Víctor Pil, Marcos Epuñan y Víctor Sobarzo, mientras que para Jorge Carrizo, exjefe de la Unidad 28, pidió una condena de 6 años de prisión y el doble de inhabilitación, lo mismo que para Víctor Cufré, Argentino Hermosa y Jorge Villanova.

Luego fue el turno de los alegatos de la Fiscalía, ya que la abogada querellante por la familia de Nicolás Carrasco, Marina Schiffrin, alegó este miércoles.

“Ha quedado claro que el 17 de junio quedó manchado con sangre”, comenzó el fiscal quien continuó afirmando que “nunca disminuyó el conflicto desde el punto de inicio”, en relación a las versiones policiales que aseguraban que cerca de las 13 (aproximadamente cuando los jefes policiales deciden viajar a El Bolsón) se había conseguido la calma.

El fiscal apuntó contra los testigos de la fuerza policial que “tergiversaron intencionalmente la verdad para beneficiar a sus compañeros de armas”. Al igual que las abogadas querellantes, Lozada consideró que “no estaban dadas las condiciones para que las autoridades máximas se vayan de la ciudad”.

“Se escudaron todos en que tenían una audiencia prefijada con la familia de Neumann, quien había sido asesinado tres meses antes. No es cierto que había problemas en El Bolsón en ese momento”, remarcó.

Además, el fiscal jefe sostuvo que “muchos de los empleados policiales de las distintas unidades que fueron ese día, carecían de la formación adecuada, no tenían ni el uniforme ni el temple necesario para estar en esa situación”.

Los alegatos de la fiscalía continuaron con críticas al desempeño policial, especialmente a las órdenes de buscar municiones en una empresa privada como Prosegur. “Ni Aballay ni el titular de la empresa se pusieron de acuerdo con qué tipo de cartuchos había. Un verdadero escándalo en materia de seguridad”, criticó.

En relación al despliegue policial de aquel día, Lozada no dudó en calificarlo como “desproporcionado totalmente. Hubo dos miembros de la Policía lesionados por piedrazos y ni siquiera hay pruebas que confirmen el constante intento de hacer creer que se quería prender fuego a la unidad 28”.

“¿Estuvo el accionar policial destinado a apaciguar el conflicto y recuperar el orden público?” se preguntó el fiscal, a lo que categóricamente respondió, “no”. En ese sentido, también indicó que a partir de lo visto en los videos y fotografías y lo analizado por los peritos “pudo haber más de mil disparos el 17 de junio, contra los 37 jóvenes que tiraban piedras”.

Durante las audiencias que se repitieron a lo largo del mes, la defensa varias veces apuntó a la posibilidad de que haya habido tumberas entre los manifestantes, con las cuales se podría haber herido a las víctimas fatales. Sobre esto, Lozada remarcó que “no hay en Bariloche armas de fabricación casera hechas con el caño de escopetas, esto está descartado”.

El fiscal además apuntó contra Epuñan, Pil y Sobarzo por ser identificados como parte del grupo de cinco efectivos policiales de los cuales salió el disparo fatal que mató a Cárdenas. “Cuatro personas de ese grupo portaban armas largas y algunas, cargadas con cartuchos de propósito general”, sostuvo.

En los alegatos de la Fiscalía falta la palabra del fiscal Eduardo Fernández, quien alegará este viernes a partir de las 9. Finalmente, será el turno de los abogados defensores, Sebastián Arrondo y Marcos Cicciarello. (ANB)