Requerirán la restitución de las pensiones por invalidez dadas de baja

La concejal Ana Marks (FpV) presentó un proyecto de Comunicación para solicitar al Gobierno Nacional el inmediato acatamiento del fallo que les obliga a restablecer las asignaciones eliminadas en 2017 y cuestiona los nuevos requisitos a los beneficiarios.

En la comunicación propuesta, la edil recordó que el año pasado “el gobierno nacional dio de baja en forma indiscriminada 170.000 pensiones no contributivas por invalidez, pese a las duras críticas recibidas de distintos sectores políticos y sociales y particularmente de las organizaciones de Personas con Discapacidad, que denunciaron cómo esta decisión sometía a una situación de extrema vulneración a las personas afectadas”.

Tras la judicialización del hecho, la jueza Adriana Cammarata exigió  restituirlas, en su totalidad, en un plazo de diez días, “pero el gobierno, no solo apeló este fallo, sino que subió la apuesta: el 20 de setiembre se publicó en el boletín oficial la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad  Nº 268/18 que establece que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión, debe presentarse en el lapso de 10 días en la ANSES para ratificar que cumple con una extensa lista de requisitos. De no hacerlo, automáticamente se le dará de baja el beneficio”.

Marks aseveró que “estos requerimientos se basan en el decreto 432 del año 1997 que no toma en cuenta la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina suscribió en 2008, con lo cual dicho decreto es hoy inconstitucional”. 

Criticó que el decreto plantee que sólo podrán acceder a la prestación quienes estén "incapacitados en forma total y permanente", con un porcentaje de incapacidad del 76 por ciento o más; estableciendo, además, que ni el peticionante "ni su cónyuge" podrán acceder a otra prestación del Estado, no deben tener parientes que "estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos" ni "poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia". 

Para la concejal, las decisiones del gobierno nacional “están violando toda normativa y demuestran una absoluta falta de sensibilidad por el dolor ajeno frente a la necesidad y el abandono”.  Y evaluó que “ajustar a los históricamente vulnerados es la más rancia aplicación del neoliberalismo más feroz”. (ANB)