Tres de Mayo: ¿Cómo sigue el millonario juicio contra la Municipalidad?

En 2014 la por entonces intendenta María Eugenia Martini decidió incautar todos los bienes y el predio de la empresa 3 de Mayo, que durante largos años prestó el servicio de transporte urbano de pasajeros. Hoy, esa decisión podría costarle a Bariloche una demanda por más de 40 millones de pesos.

Todos los bienes de la firma fueron incautados por la Justicia por pedido del ejecutivo municipal, quien además realizó un contrato precario con Autobuses Santa Fe, empresa que comenzó a prestar el servicio, usando el espacio en conflicto. Desde entonces, los titulares de Tres de Mayo vienen reclamando por las pérdidas económicas que les generó la situación.

“El proceso judicial está en la etapa de presentación de pruebas”, sostuvo en diálogo con ANB la asesora letrada de la Municipalidad, Natacha Vázquez. Se están realizando las pericias de los libros contables y de los bienes, además de la presentación de declaraciones testimoniales.

Cabe recordar que la contratación directa de la empresa Autobuses Santa Fe está siendo investigada por el juez  Claudio Bonadio y es uno de los cuatro contratos realizados entre 2013 y 2015 investigados por la Justicia Federal. Los otros son por los programas Techo Digno, Promeba y la construcción de un gimnasio.

La demanda puntual que la empresa 3 de Mayo encabeza contra el Ejecutivo apunta a los daños y perjuicios que le ocasionó la decisión de Martini.

En la carta documento que la firma envió a través de su abogado Rodolfo Rodrigo años atrás, especificaban que  el dinero corresponde a  una reparación a la "ilegítima y aberrante confiscación de los bienes", lo cual le impidió, argumenta, seguir operando otras líneas, como la que recorría la Región Sur por la ruta 23.

En un detalle de los perjuicios económicos, arriba a la demanda por 26 millones de pesos, sumando 10,4 correspondientes a la explotación de los servicios por la Región Sur; 400 mil pesos por la línea perdida al Cerro Catedral -concesionada por la Provincia-, 1,5 millones por las unidades incendiadas, 3,4 millones por el robo de repuestos y herramientas, 1,5 millón por el alquiler compulsivo de las unidades a Autobuses Santa Fe, entre otros conceptos.

Si el juicio avanza a favor de la empresa, el Ejecutivo deberá hacerse cargo del pago de la suma de dinero determinada, lo que podría generar un importante impacto negativo en las arcas municipales. (ANB)