Aborto: “La discusión no puede quedar supeditada a las convicciones y sentimientos personales”

En una nota de opinión escrita para el diario La Nación, el Senador Nacional por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto dijo que “legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública. En consecuencia, el Estado debe intervenir. Así lo entendió la Cámara de Diputados y así debe ser entendido en el Senado”.

Asimismo manifestó que “de esto no puede haber dudas precisamente porque esta ley trata sobre justicia, sobre equidad, teniendo en cuenta la situación de las mujeres pobres, el rol de las mujeres y sus nuevas demandas. Como todo esto es lo que está en juego, la discusión de este proyecto no puede de ninguna manera quedar supeditada a las convicciones y sentimientos personales”.

Habló de la “intensidad de la hipocresía” de algunos sectores del país y rescató el ejemplo del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien “impulsó el programa de salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención mediante la distribución de métodos anticonceptivos. Planteó el rol de la escuela como núcleo de la educación de los adolescentes en materia de prevención. La respuesta de los sectores más retrógrados de la Iglesia y del conservadurismo fue el agravio”.

“Otro hito fundamental de avance en el reclamo legítimo del colectivo de mujeres es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso "F.A.L.". Allí se estableció la obligación que tienen los jueces de garantizar derechos y no convertirse en un obstáculo para ejercerlos. Esta es la línea que debemos seguir los legisladores en este debate. Asimismo, el máximo tribunal exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, que, vale recordar, están contemplados en el Código Penal desde 1921”, señaló, pero aseguró que “nuevamente posiciones retrógradas, inspiradas en visiones casi medievales, impidieron muchas veces la aplicación de la decisión de la Corte. Como el protocolo no está consolidado en todas las provincias a través de las legislaturas, hay casos en los que se impide la interrupción de embarazos, obligando a víctimas de violación a tener hijos no queridos”.

Entre otros puntos destacó que “la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo arrojó a cientos de miles de mujeres a la ilegalidad y posibilitó un millonario negocio clandestino” y recordó que “en la mayoría de los países democráticos, tanto en América del Norte como en Europa, este tipo de legislación está consolidado”.

“Lo dije en el debate del matrimonio igualitario: el tiempo, la realidad social y la vida van determinando la necesidad de adaptarse. Las sociedades evolucionan y las instituciones deben acompañar esa transformación. Si fracasan en ese objetivo, se alejan de la comunidad y crece el riesgo de que el sistema y la sociedad emprendan caminos separados”, aseveró y apuntó que “en nuestro país, las creencias son un asunto privado de las personas. Este debate fue saldado hace tiempo, cuando, en 1888, se dio el paso extraordinario de sancionar la ley de matrimonio civil y separar los asuntos públicos de la práctica religiosa”.

Finalmente, recalcó que “quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos permitir que las creencias sean un obstáculo a la hora de tomar decisiones. En esta visión moderna del Estado, los temas se debaten sin prejuicios. Debatir democráticamente sobre este tema y legislar en la materia significa terminar con las desigualdades” y finalizó destacando que “a partir de esta sanción, solo seremos un país más justo. No es poco”.