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Miércoles, 22 de noviembre de 2017
Dos años de prisión en suspenso por haber allanado ilegalmente la casa de Lucas Muñoz
Los oficiales además fueron condenados a dos años de inhabilitación.
Fotos: Emiliano Rodríguez.

Dos años de prisión en suspenso por haber allanado ilegalmente la casa de Lucas Muñoz

Los efectivos policiales fueron condenados este martes. El juez Marcelo Barrutia además consideró que luego del juicio “quedó flotando lo del pacto de silencio” en la Policía rionegrina.

Pasaron 16 meses exactos de la noche en que Luis Irusta y Maximiliano Morales llegaron al hostel donde vivía Lucas Muñoz y sin autorización judicial previa, realizaron un registro del que se llevaron capturas de pantalla de la computadora del joven y un número de teléfono que tenía anotado en un cuaderno. Finalmente, en el primer juicio que se realiza en el caso, se condenó a los uniformados a dos años de prisión en suspenso por allanamiento ilegal, más dos años de inhabilitación.

La condena fue dictada inmediatamente después de que las partes formularan los alegatos, luego de dos días de testimonios policiales y de otros personas allegadas a la investigación. Irusta y Morales fueron los últimos en hablar este martes en Tribunales y, antes de conocer la sentencia, volvieron a afirmar que eran inocentes.

“Todos los testimoniales manifestaron mi preocupación por lo que pasaba con Lucas”, indicó Morales, quien rompió en llanto cuando el juez Marcelo Barrutia los condenó. Irusta por otro lado habló por primera vez y se limitó  decir que “soy inocente, no hice nada malo ni raro”.

En los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por Guillermo Lista, Martín Lozada y con el acompañamiento técnico de Martín Govetto, solicitaron dos años de prisión en suspenso más igual tiempo de inhabilitación como miembros de la Policía de Río Negro.

Para Lozada, quien fue el primero en tomar la palabra, “el delito no puede ser leído por fuera de lo ocurrido”, con Muñoz, en referencia a su secuestro y posterior asesinato. Lista, por su parte, coincidió con el Fiscal Jefe, y añadió que además quedó totalmente descartado que los dos oficiales hubieran actuado por “buena fe”. El fiscal fue más allá y manifestó que “los agentes llevaron adelante el allanamiento porque seguramente algo sospechaban”.

“El Ministerio Público entiende que no existe forma de justificar el acto irregular que cometieron”, sostuvo Lista quien además remarcó que el hecho es aún más grave por tratarse de agentes públicos.

Govetto por su parte, quien encabeza la “causa madre” del secuestro y asesinato de Lucas Muñoz, explicó que “junto a la familia (de Lucas) llevamos adelante esta investigación y no tenemos dudas de que Irusta y Morales saben mucho más de lo que dicen sobre lo que pasó”.

Durante las audiencias, los abogados defensores Sebastián Arrondo y Gustavo Godoy, hicieron hincapié en que el allanamiento había sido parte de las órdenes del comisario Juan Fernández, jefe de la unidad Regional III en el momento de la desaparición, y del protocolo de búsqueda de personas. Sobre eso mismo basaron sus alegatos y solicitaron la absolución de sus defendidos.

El juez Barrutia informó que dictaría la pena inmediatamente, aunque antes sostuvo que luego del juicio “quedó flotando lo del pacto de silencio y una cadena de encubrimientos que tienen que ver con la causa madre”, por lo que decidió remitir el juicio por allanamiento ilegal a la causa principal.

“El derecho a la intimidad es sagrado y se debe proteger a rajatabla”, afirmó Barrutia en relación al ingreso que hicieron los dos agentes policiales al cuarto donde vivía Muñoz. “El único que hubiera tenido la facultad de dar el permiso para ingresar, era el propio Lucas Muñoz”, enfatizó.

Barrutia se preguntó incluso por qué el legislador penal no había solicitado una pena mayor en estos casos, ya que se trata de “un delito gravísimo” por tratarse de funcionarios “del Estado, por lo que la sociedad entiende que deben ser los primeros en cumplir perfectamente las leyes”.

Además de la pena impuesta, el juez los obligó a realizar un curso teórico práctico sobre los artículos que violaron al realizar el allanamiento ilegal. (ANB)

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