La escribana acusada de corrupción se negó a declarar
Este viernes comenzó el juicio contra la mujer que a la que se acusa de haber estafado al Estado mientras se desempeñaba en la Dirección General de Rentas.
María Alejandra Aguirrezabala esperaba en el banco de los acusados a que comenzara el juicio en el que es la única imputada por defraudación al Estado mientras se desempeñaba como escribana y trabajaba para la Dirección General de Rentas. Como consecuencia de las maniobras en cuestión, se la acusa de haberse apoderado ilegítimamente de la suma de 1.158.094 pesos.
Los hechos que se le imputan a la mujer ocurrieron entre 2001 y 2006. Aguirrezabala (quien se apellidaba Mena pero luego de un trámite legal cambió su apellido) se desempeñaba como escribana pública y como agente fiscal recaudador y en esas funciones habría cometido 48 maniobras defraudatorias.
Según la fiscalía, tras recaudar de los particulares los importes correspondientes a los impuestos y tasas referidas, en vez de depositar el dinero a su debido tiempo en la cuenta abierta a nombre del impuesto de sellos y de la DGR (Dirección General de Rentas) en el Banco Patagonia, la imputada retuvo indebidamente y luego sustrajo distintas sumas de dinero a pesar de que los caudales públicos se encontraban bajo su custodia personal.
Durante la primera jornada del juicio, que comenzó este viernes al mediodía, la mujer se abstuvo de declarar cuando llegó el momento de pasar ante el Tribunal. Se limitó a mencionar que vive en Villa la Angostura junto a un hijo menor de edad.
Durante la audiencia hubo seis testigos, quienes en su mayoría se desempeñaron durante los años de los hechos en la ex Dirección General de Rentas, ahora llamada Agencia de Recaudación Tributaria. Uno de ellos, Claudio Umaña, manifestó que durante el tiempo que la mujer concurría a la DGR a realizar trámites, constató irregularidades en las declaraciones juradas que presentó.
“Constaté que había formularios borrados o sobreescritos en la parte numérica, por ejemplo el sello decía 5 pesos y se le habían agregado tres ceros más”, explicó el hombre quien además añadió que “eso lo vi en reiteradas ocasiones”.
El abogado defensor, Raúl Ochoa, tuvo varios cruces con el fiscal de Cámara Martín Lozada, por las declaraciones de testigos y diferencias en los planteos que se realizaron durante el juicio. Ochoa inició la audiencia manifestando que no estaba de acuerdo con la conformación del Tribunal compuesto por Héctor Leguizamón Pondal, Emilio Riat y Rubén Marigo ya que para él debería haber sido conformado con jueces penales.
La audiencia finalizó antes de lo previsto ya que una gran cantidad de testigos no pudo ser localizada y faltaron a declarar. El 30 de mayo continuará con la presencia de un testigo requerido por la Fiscalía y los alegatos. En caso de ser hallada culpable, pueden condenarla con una pena de 6 años de prisión y una inhabilitación profesional perpetua. (ANB)
