jueves 28 de marzo de 2024

Rechazan pedido de apelación por hechos violentos en una sesión del Concejo

El hecho ocurrió en 2015 cuando los ediles trataban el proyecto de ordenanza de emergencia económica. Los imputados son empleados municipales.

sábado 22 de abril de 2017
Foto: archivo.

El Fiscal de Cámara Martín Lozada solicitó se rechace la apelación al procesamiento de los cuatro imputados por el delito de perturbación del orden, por los hechos acontecidos en una sesión del Concejo Deliberante.

El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2015, cuando los concejales llevaban adelante una sesión extraordinaria para tratar la ordenanza de emergencia económica, de la cual participaron la totalidad de ellos, gran cantidad de personas y empleados municipales.

En ese contexto, y durante el tiempo que duró la reunión, “gritaban, silbaban, proferían insultos, agravios verbales y amenazas en contra de los concejales para que no aprueben la ordenanza”, indicaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.

La solicitud de apelación de procesamiento por parte de la defensa de los imputados se basa en el cuestionamiento a las medidas procesales de incorporación de algunas pruebas a la causa y la colisión de derechos previstos en la Constitución Nacional referidos, en este
caso, al pleno ejercicio de los derechos gremiales.

Lozada argumentó que las pruebas colectadas por el Ministerio Público Fiscal son suficientes para demostrar la materialidad del hecho y proceder a individualizar a los imputados debido al carácter público de su rol gremial. Agregó además que la sesión del Cuerpo Deliberante se llevó a cabo en un clima diferente al habitual destacándose en esta
ocasión el acometimiento de los imputados hacia los ediles por el tema tratado.

Dijo además el Fiscal de Cámara que la secuencialidad del comportamiento de los imputados está perfectamente descripta en el procesamiento y que la información requerida a los testigos "no es material de dudosa constitucionalidad", tal como expresara la defensa.

Por último expresó que se encuentra desmentido de plano que se presente una colisión de derechos constitucionales y que el bien protegido por el Ministerio Público Fiscal en este caso es el libre albedrío de los representantes del pueblo, en pleno ejercicio de sus
funciones regulares como es la sanción de una normativa.

Por todo ello Lozada pidió se rechace la apelación, el pedido de nulidad y se confirme el procesamiento a tres de los cuatro imputados por contar con prueba suficiente para ello.

La abogada querellante en la causa, manifestó que estos hechos se desprenden de un contexto mayor y que existen evidencias que fueron planeados para obstaculizar la sesión con el fin de impedir la sanción de la norma de emergencia económica, siendo los propios concejales quienes aportaron prueba de ello.

La Cámara Segunda deberá responder a este pedido en el marco de ocho días hábiles.

Te puede interesar
Últimas noticias