Las loterías cuestionan “impuestazo” a los juegos de azar

La pretendida medida del gobierno nacional de bajar y/o eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores (que además  fue uno de sus pilares de campaña) abre frentes del conflicto a la administración de Mauricio Macri.

Uno de ellos es la creciente oposición en el sector de los juegos de azar a que un impuesto al rubro de apuestas sirva para compensar la quita que se aplicaría a los trabajadores de mayores ingresos.

Al paro de hoy de trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (Aleara), se suma el duro cuestionamiento que realizan desde la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de la Argentina (ALEA)

Para la entidad “crear un nuevo impuesto al juego oficial no es la solución”, expresaron en una solicitada en el que consignaron 6 puntos centrales en los que basan su rechazo a un impuesto al sector.

En uno de los puntos plantean que esa decisión “afecta directamente a las economías locales, ya que reduce los ingresos a las provincias” que se obtienen de los juegos de azar, a través de los entes reguladores.

Directamente relacionado a ese punto, anticipan que un nuevo impuesto “disminuye en consecuencia los fondos que se destinan a asistencia social en cada provincia”, advirtieron.

Para ALEA, de avanzar esta propuesta, se favorece el crecimiento del juego ilegal, ya que eleva la presión impositiva sobre el juego regulado y controlado.

Puestos de trabajo en riesgo

Desde ALEA advierten que un impuesto al sector del juego “atenta contra las fuentes de trabajo”, que detallaron alcanzan a unas 240 mil personas en forma directa. Unas 150 mil trabajan en salas de juego, otras 65 mil en agencias oficiales, más unas 25 mil que se desempeñan en el turf, en los organismos reguladores y en prestadores de servicios. Además hay una gran cantidad de empleos indirectos relacionados, en las áreas de turismo, construcción, gastronómica, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otras.

Desde ALEA destacaron que “los actores privados del sector, desde las agencias a los concesionarios de las salas de juegos y casinos efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por leyes nacionales, provinciales y municipales como sectores de la economía formal. Además de cánones, tasas y comisiones, e inversiones en turismo entretenimiento y asistencia social”, expresaron.

Para la entidad, el nuevo impuesto traerá un resultado inverso al fin deseado y su aplicación favorecerá al juego clandestino. (ANR)