Fiscales piden frenar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal

Se sabe que el próximo año, cuando se implemente la Ley que pone en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales tendrán un rol protagónico. Asumirán en su totalidad el proceso de investigación y deberán cumplir una función que les demandará una tarea mucho más exigente que la que cumplen hoy.

Es por eso que la nota que firmaron junto a la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano (la jefa de los fiscales) generó incertidumbre y preocupación en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en la propia Comisión Interpoderes que esta semana tenía previsto reunirse. Tal fue el impacto del pedido que elevaron los fiscales, que decidieron suspender el encuentro que tenían programado para el jueves.

¿Pero qué plantearon los fiscales?

“Nada que no tenga que ver con la realidad”, dijo uno de los impulsores de la iniciativa.

ANR tuvo acceso a una copia de la nota que los propios fiscales y la Procuradora enviaron a fines de octubre al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti.

El pedido enviado al titular del Poder Ejecutivo y del Legislativo, aclara en uno de sus párrafos que “ha sido recién en estos últimos días que se puso a disposición del Ministerio Público el texto de los Proyectos de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro, cuyo estudio resulta imprescindible para fijar postura en la reforma”.

1- Los fiscales dicen que “no resulta posible poner en marcha el nuevo modelo procesal sin una Reforma de la Constitucional”. En resúmen, aclaran que buscan llevarla adelante para dotar de autonomías al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. "Si un órgano se ocupa de definir las políticas de persecución penal no puede, simultáneamente, definir las políticas de la defensa pública, cuyos objetivos -precisamente- son asegurar los mecanismos que permitan salvaguardar la defensa en juicio de quienes son perseguidos penalmente”.

2.- Advierten que “no están dadas las condiciones” para que la reforma sea implementada. Su puesta en marcha -aseguran- pondrá a los fiscales a la cabeza de las investigaciones. Tendrán una tarea que es la de el ejercicio de la acción penal y la puesta en funcionamiento de la persecución del delito.

Apuntan a que solo se puede llevar adelante este trabajo en la medida en que se aseguren algunas condiciones previas e imprescindibles que hoy “no estarían dadas”.

Entre ellas destacaron que se necesita dotar “de real y efectiva autonomía funcional y autarquía financiera, esto último en la medida en que se resolviese que el Ministerio Público Fiscal constituya un órgano intrapoder”. Esto implica administrar y tener recursos propios (cuerpos técnicos de investigación, infraestructura básica -sitios de trabajo- personal, material informático, vehículos, entre otros).

Dentro de este punto se refirieron a la necesidad de contar con la agencia de Investigaciones Penales que debería estar integrada por personas capacitadas en aspectos técnicos y científicos de la pesquisa penal quienes deberán estar a disposición de los fiscales de cada Circunscripción. Advierten que ello no podrá concretarse en lo inmediato por lo que entienden que debe ponerse a disposición del Ministerio Público un grupo de 400 o 500 investigadores de la policía que recientemente fueron prometidos como auxiliares. “Esto puede ser el embrión de aquella Agencia de Investigaciones Penales -o Policía Judicial- a la que alude la Consitutición Provincial y el Código Procesal Penal".

3.- “De acuerdo a los escasos recursos, y como fuera mencionado, la falta de disposición y administración de los mismos con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal al día de la fecha, no resulta factible atender de modo eficaz y adecuado las exigencias que el nuevo Código Procesal Penal pone a su cargo”, expresa la nota que lleva la firma de la Procuradora Baquero Lazcano, el Fiscal General, Marcelo Álvarez, y fiscales de distintas circunscripciones.

Además advierten que en el Proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (disposiciones transitorias) se desprende la intención de transferir al Ministerio Público la carga de tramitación de los expedientes en curso, que -según supo ANR- podrían sumar unos 14.000. “Esto importa un impacto negativo en la atención de las nuevas causas, a la vez que colisiona con el art 3. de la Ley 5020 en tanto esta última norma establece un sistema conclusivo de causas para cuya resolución habrá de aplicarse las normas contenidas en el actual código vigente”, explican.

Aclaran que este escenario no les permite concretar una reforma de manera inmediata del actual modelo al acusatorio en todo el territorio rionegrino.Como alternativa, plantean una transición gradual. Y proponen que la IV Circunscripción (Cipolletti) estaría en condiciones de funcionar como cabecera de la transformación.

4.- “Los miembros del Ministerio Público Fiscal somos plenamente conscientes de las muy trascendentes obligaciones que tenemos a cargo y de las repercusiones colectivas que ellas conllevan, tanto en lo que se refiere a la efectiva persecución del delito como a la consecución de la paz y el orden social. Y porque efectivamente nos encontramos consustanciados con estos objetivos nos vemos ante la necesidad de advertir sobre la indispensable superación de las incompatibilidades y obstáculos que a la fecha complotan contra los fines mencionados”, expresaron en uno de los últimos puntos de la nota enviada al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti. (ANB)