Día Mundial del Ambiente: no hay nada que festejar

Cada 5 de junio desde 1972 se celebra a nivel mundial el “Día del Medio Ambiente”, como una fecha para la sensibilización y toma de consciencia sobre la degradación del entorno natural y la necesidad de tomar medidas para su protección. Sin embargo, desde entonces, la contaminación, la destrucción de hábitats, y la amenaza para la vida de la mayoría de las especies con las que compartimos el Planeta sigue creciendo.

Las formas que nuestras sociedades han desarrollado para intervenir sobre la Naturaleza y satisfacer sus necesidades han llevado a tal nivel de degradación que la propia especie humana ve su subsistencia amenazada. Un desarrollo basado en la noción de crecimiento ilimitado sin atender los límites que impone el sistema natural que los contiene; un modelo económico que busca la acumulación constante de capital, promueve el consumo y crea permanentemente nuevas necesidades. Un modelo que ha llevado no solo a la exclusión social, sino también a la destrucción de la Naturaleza, sustento último de la vida.

La contaminación de agua, suelo y atmósfera es hoy un hecho en prácticamente todos los rincones del Planeta. El cambio climático antropogénico se ha convertido en la amenaza más acuciante y, probablemente, será un factor determinante en las decisiones de índole social, económica y política de las próximas décadas. 

En un contexto en el que más que nunca es necesario proteger, preservar y promover el mayor cuidado sobre los bienes naturales comunes, en nuestro país y en nuestra provincia  se promueven y profundizan modos de extracción y producción absolutamente dañinos para la salud de los ecosistemas y de las personas, como la mega-minería, la expansión hidrocarburífera, los agronegocios, la sobre explotación pesquera, entre otros. Proyectos que se presentan bajo el discurso del “desarrollo” y de la tan necesaria creación de puestos de trabajo, pero que tienen como eje la extracción de materias primas para su exportación sin prácticamente valor agregado, con una bajísima intensidad laboral, y que gozan de numerosos beneficios fiscales y subsidios, inclusive en algunos casos la quita de regalías y retenciones por parte del gobierno actual.

En la contracara, sectores cada vez más importantes de la población perciben que este tipo de proyectos, lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales, contaminan, producen profundos desequilibrios sociales, y vulneran derechos territoriales de pueblos y comunidades originarias. Lamentablemente, las pruebas están a la vista: en Iglesia y Jachal, con el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada de la mina de oro de Veladero; en los pueblos fumigados, que superan en varias veces los índices nacionales de cáncer o malformaciones; en las tierras de gran parte del país que ya no cuentan con bosques nativos que amortigüen el avance de la inundación; en el área Vaca Muerta, donde las comunidades originarias enfrentan el avance hidrocarburífero sobre sus territorios; en los campesinos y productores familiares de todo el país que ven sus medios de vida amenazados por la fragmentación de la tierra y la falta de apoyos; en las miles de personas que se ven obligadas a migrar hacia la periferia de las grandes ciudades.

Así, vemos en el país y en toda la región una creciente resistencia de las comunidades potencialmente afectadas por estas propuestas de “desarrollo”. Sin ir más lejos, en Rio Negro, las comunidades que se organizan para hacer frente a proyectos de minería de oro, como en Ingeniero Jacobacci; para denunciar y demandar la reparación de pasivos ambientales como los residuos de plomo en San Antonio Oeste, o de mercurio en Cinco Saltos; la resistencia a proyectos hidrocarburíferos en las localidades de Allen, Roca-Fiske Menuco, y Villa Regina; los incontables reclamos por la extranjerización de las tierras, la especulación inmobiliaria, y los impedimentos de acceso a cursos y espejos de agua, como en la zona de la Cordillera; entre muchos otros conflictos ambientales de los que somos testigos en la provincia.

Es absolutamente necesario que haya una discusión verdaderamente democrática sobre el tipo de proyecto de país al que aspiramos. La reciente creación de Ministerio de Ambiente de la Nación era un paso necesario e impostergable, pero la simple elevación de rango institucional no significa necesariamente que vaya a haber avances en la protección de las poblaciones o los ecosistemas.

Es desde todo punto de vista inaceptable que no se de cumplimiento a la normativa nacional y provincial que obliga, entre otras cosas, a la consulta y participación de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos con riesgos ambientales por demás  conocidos. Debe garantizarse cuanto antes la implementación de la Ley de Bosques y de la Ley de Glaciares, con los medios y presupuestos necesarios, así como la restitución de la Ley Anti-cianuro de Río Negro. Debe discutirse cuál es el tipo de matriz energética que deseamos, en especial respecto de los hidrocarburos no convencionales y del desarrollo de fuentes nucleares. Es necesario debatir el tipo de producción agropecuaria: la industrial dominante, con serios y muy conocidos efectos sobre los ecosistemas y la salud, o una producción orientada al logro de la seguridad y soberanía alimentaria. Es necesario emprender acciones inmediatas de remediación y saneamiento de cuencas y tierras urbanas.

El avanzar en estos aspectos se vuelve imperioso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a un ambiente sano, tal como lo estipula nuestra Constitución Nacional. Cada vez está más claro que el acceso a un ambiente sano implica el respeto por los derechos de la Naturaleza, y que sin un ambiente sano ningún otro derecho social, económico, humano podrá ser garantizado.