El Ejecutivo municipal propone que sea obligatorio separar los residuos en origen

La intendenta María Eugenia Martini envió al Concejo Deliberante el proyecto que determina la obligatoriedad de la separación en origen de los residuos. Además de encuadrar la operación de la planta de clasificación y la recolección diferenciada, fija sanciones de entre 100 y 3500 módulos fiscales en promedio para los infractores, en proporción al volumen de los residuos.

El proyecto considera que el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que impulsa el municipio necesita de tres condiciones articuladas: la separación en origen, la recolección diferenciada y el funcionamiento eficiente de la planta de clasificación. Por eso, paralelamente a las medidas que se están implementando para optimizar la operación del centro ambiental que maneja la ARB, se decidió fijar un sistema de infracciones y multas para alentar la separación domiciliaria.

“La disposición inadecuada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) causa daños a la salud, incrementa innecesariamente la explotación de recursos naturales, y transfiere injustamente los daños ambientales a las generaciones futuras”, fundamenta el texto, que establece obligaciones generales para los generadores de residuos (tanto a escala domiciliaria como institucional y comercial), prohibiciones específicas sobre tiempos y lugares (apuntando a evitar la acumulación de residuos y los basurales clandestinos) y una escala de infracciones y sus correspondientes sanciones.

Las multas, de acuerdo al volumen de residuos y a la gravedad de la falta, parten desde 100 hasta 3500 módulos fiscales, salvo en el caso de los comercios o empresas que no realicen el proceso de desnaturalización de productos alimenticios desechados, que contempla sanciones de entre 6500 y 15000 módulos fiscales según el volumen.

Asimismo, el proyecto de ordenanza considera necesario “estimular a los fabricantes a diseñar productos que aseguren su posterior reutilización, reciclado o disposición final segura”, además de “concientizar a la población acerca de la temática ambiental, para lograr así que nuestra ciudadanía tome una actitud proactiva con miras al consumo responsable, al cuidado del ambiente y al principio de responsabilidad comunitaria respecto de nuestros residuos”.

El texto remitido por el Ejecutivo al Concejo institucionaliza “el deber del municipio de asegurar la recolección de residuos, la limpieza e higiene general del ejido municipal, garantizar la provisión en la vía pública y en los establecimientos públicos de la ciudad de los recipientes y contenedores apropiados, sistematizar la recolección diferenciada y garantizar el derecho de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje mediante el uso adecuado de los recursos”.

Además de fijar las medidas descritas, impulsa que desde el Municipio se desarrollen programas de educación ambiental formal, no formal e informal, y múltiples acciones de concientización, como campañas sistemáticas y permanentes de difusión en los medio de comunicación masivos, fijando “la responsabilidad comunitaria como principio rector” del funcionamiento interconectado de los factores que intervienen en la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

En tanto, se determina que la Subsecretaría de Medioambiente —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Estratégico municipal— sea la autoridad de aplicación de la ordenanza, desarrolle instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva de las organizaciones sociales y ambientales, diseñe políticas públicas en materia de gestión de RSU y evalúe periódicamente el cumplimiento de los objetivos y propuestas de la normativa.

Por otra parte, se incluye también la participación de microemprendedores en forma individual o asociada, cooperativas y empresas de pequeña y mediana envergadura y organizaciones no gubernamentales, en el desarrollo de Unidades Productivas a partir de la implementación de Cadenas de Valor respecto del “insumo residuo”, fomentando la cobertura de nichos de mercado locales sin explotar.

Para el desarrollo el proyecto remitido al Concejo, con Martini colaboraron los titulares de las áreas de Medioambiente (Susana Moyano), Gobierno (Daniel Natapof) y Desarrollo Económico (Fernando Del Campo), la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB), Gastón Rodríguez por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Analía Arpes de la Fundación Arelauquen.