Paolinelli defendió implementación de Ley Pierri

Ante las declaraciones periodísticas del director general del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, Nicolás Yanssen, el presidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) Jorge Paolinelli calificó sus dichos como “desacertados” y “llamativos”, y respondió a las afirmaciones del funcionario provincial. 

Yanssen, en un comunicado difundido el lunes, manifestó su rechazo al pedido realizado por la intendenta María Eugenia Martini al Ministro de Gobierno Luis Di Giacomo, para que se dicten las normas técnico registrales para la inscripción de las actas en los expedientes de regularización dominial iniciados por la Municipalidad de Bariloche. La jefa comunal sostuvo en su nota que por la ausencia de esas normas las firmas de las actas notariales para concluir los trámites están frenadas, y Yanssen dijo que el reclamo de Martini era “falaz y malintencionado”.

Paolinelli señaló que el funcionario provincial “se olvida de la nota por él mismo firmada, fechada 3 de junio de 2015 y dirigida a la Escribana de Gobierno Municipal, Gabriela Pérez, en la que responde a las consultas sobre el dictado de dichas normas técnico registrales, diciendo textualmente: «No hemos emitido al día de la fecha normativa registral ni asumido criterios de aplicación de la citada ley (...) hasta tanto no logremos avanzar con las alternativas de aplicación formal, no podremos inscribir las actas de protocolización»”.

El titular del IMTVHS cuestionó además la afirmación de Yanssen sobre la utilización de la  regularización dominial “con fines proselitistas”, y explicó que el proceso de aplicación de la Ley 24.374 —conocida como Ley Pierri— “es una política de Estado de la Municipalidad de Bariloche desde noviembre de 2007 con la delegación realizada por la Legislatura Provincial, y reafirmada con el convenio con el IPPV firmado en noviembre de 2013, que el funcionario parece desconocer”.

“Debe resaltarse , indicó Paolinelli, que la Ley Pierri fue sancionada en 1994 y  la ley provincial 3.396 que adhiere a ella fue sancionada en  2000 y la ordenanza 1283-CM-03, que adhiere a ambas normas, en 2003”. Justamente en virtud de esta última norma municipal, la intendenta Martini firmó en 2013 con el IPPV el mencionado convenio por medio del cual se desconcentran facultades y se autoriza al municipio para llevar adelante los procedimientos de regularización dominial. “Fue hace dos años y sin fines proselitistas como irresponsablemente dice el funcionario provincial”, recalcó Paolinelli.

También preocuparon al presidente del Instituto “los errores jurídicos que se entrevén en el texto de la nota de Yanssen, arrogándose funciones que son de otro Poder del Estado distinto al que pertenece, convirtiéndose en juez”, al afirmar que los procedimiento realizados por este municipio son “contrarios a la normativa aplicable y, consecuentemente, se encuentran viciados de nulidad”. “Debo indicarle aquí, a título ilustrativo, que él no puede declarar la nulidad de este procedimiento, sino un juez, y ello no ha sucedido”, puntualizó Paolinelli. 

En este sentido, el titular del IMTVHS señaló que “es motivo de preocupación la defensa que hace el funcionario provincial de una acción judicial de la cual no es parte, que ni siquiera ha entrado en etapa de prueba”. Y añadió: “Pretende avasallar la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, al desconocer la facultad de este Municipio de dictar sus propias normas, aprobando su organigrama, lo cual ha sucedido por unanimidad de todos los miembros del Concejo Municipal, incluidos los concejales de su propio partido”.

Finalmente, Paolinelli indicó que “es llamativo que un funcionario eminentemente técnico, como lo es quien está a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble, cuyas únicas funciones son las relativas a la registración y publicidad jurídica inmobiliaria, realice infundadas descalificaciones políticas hacia la intendente de la ciudad y su equipo de gobierno”.