miércoles 24 de abril de 2024

Proyecto de Veedurías Ciudadanas provoca polémica en el Gobierno

Se trata de la iniciativa que propone crear un mecanismo de control de vecinos sobre el desempeño de la función pública. La presentó el bloque de concejales oficialistas, pero el Ejecutivo la rechaza. El Tribunal de Contralor la considera un "disparate".

jueves 28 de mayo de 2015
El proyecto generó el rechazo del Ejecutivo
(foto archivo Emiliano Rodríguez)
(foto archivo Emiliano Rodríguez)

Controversia en el Gobierno por el Proyecto que crea las Veedurías Ciudadanas. La iniciativa plantea "democratizar" la administración pública municipal a través del control ciudadano y participativo de vecinos, organizaciones y entidades sociales. Según el proyecto, las veedurías están destinadas destinadas a "fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción" y "democratizar" la administración pública Municipal. La iniciativa busca crear en el ámbito municipal, el mencionado sistema, como instancia de "control participativo", mediante el cual los vecinos y organizaciones fiscalizan la administración y gestión de lo público y también el sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público.

Lo cierto es que la propuesta, presentada por el bloque de concejales oficialistas -Alejandro Ramos Mejía, Edith Garro y Ramón Chiocconi- no cuajó en el Ejecutivo. Fuentes del oficialismo confiaron a ANB que el rechazo llegó hasta la propia Intendenta.

El Secretario de Gobierno, Daniel Natapof, cuya área -según formula el Proyecto de Ordenanza- será la autoridad de aplicación, planteó que "en la Carta Orgánica Municipal (COM) y la legislación municipal ya existen mecanismos similares (de control) y son suficientes", y agregó que "hay que respetar las instancias de control sobre la administración pública, propuestas y contempladas en la COM, que están vinculadas al Ejecutivo, el Concejo y el Tribunal de Contralor".

No obstante, Natapof aclaró que una vez que el Ejecutivo sea citado para dar tratamiento al Proyecto en las Comisiones legislativas correspondientes, "plantearemos nuestra posición o modificaciones" a la iniciativa. "Es un tema que se puede dialogar, no es de resolución inmediata, habrá un ámbito de análisis", sostuvo el funcionario, y ponderó las instancias de participación ciudadana.

En rigor, tanto Martini como Natapof, consideran que el amplio margen que estipula quiénes pueden ser veedores, generaría un inmanejable caudal de denuncias ciudadanas, que los diferentes estamentos estatales, no podrían afrontar.

En tanto, el Tribunal de Contralor está elaborando un dictamen sobre el tema que remitirá al Concejo porque considera que la propuesta es "un disparate", según anticipó a ANB la vicepresidenta del cuerpo de control municipal, Daniela Núñez.

La letrada explicó que "en un punto, el proyecto se superpone con las facultades del Tribunal de Contralor, sobre todo en lo que respecta al manejo de los fondos públicos", consignó.

Núñez, también apeló a lo que establecido en la Carta Orgánica, que estipula la creación de "consejerías" para temas específicos, pero "no veedurías de control, debido a que ya existe un cuerpo de control que es electo por los ciudadanos y que es un órgano de Poder del Estado", concluyó.

Según figura en el Proyecto de Ordenanza, el veedor es "una persona que actuaría pensando en el beneficio de la comunidad y tendría la capacidad para interpretar los problemas colectivos y orientar soluciones. Su acción estaría dirigida a la defensa de lo público, lo colectivo, y el fortalecimiento de la sociedad, al asumir el ejercicio del derecho y el deber de controlar y vigilar la gestión de entidades del Estado", figura en el Proyecto.

La iniciativa, cuya autoría corresponde al bloque de concejales del oficialismo,  propone la confección de informes, observaciones y sugerencias que deberán hacerse públicos, y serán presentados antes las áreas del Poder Ejecutivo correspondiente, la Defensoría del Pueblo, en caso de considerarse pertinente, ante el Concejo Municipal con el fin de ser tenidas en cuenta y aportar positivamente para el desarrollo de las obras, o acciones evaluadas. Esos informes, no serán vinculantes, "ni generarán responsabilidades en su integrantes", se aclara en el polémico Proyecto. (ANB)

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