Comienza el juicio por acción del grupo comando en Península San Pedro

Este jueves se pondrá en marcha el tramo oral del juicio por los violentos sucesos ocurridos en la Península San Pedro, en noviembre de 2009. Tres integrantes del grupo comando que actuó enmascarados, con ropas militares y armas largas, son juzgados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada y robo calificado”.

Se trata de tres ex integrantes de la estructura de seguridad del barrio privado Arelauquen Golf & Club, cuyo jefe, Cristian Aquino, se encuentra prófugo. Oportunamente, el Juez de Instrucción Penal, Martín Lozada, ordenó la detención, captura y prohibición de salida del país, pero las fuerzas de seguridad no pudieron dar con el sindicado como responsable principal del hecho investigado. Ahora, en el juicio que comienza este jueves, Lozada actuará como Fiscal de Cámara.

En noviembre de 2009, de acuerdo a la elevación a juicio, Aquino, junto a los vigiladores de Arelauquen, José Ceballos y Gustavo Lugo, arribaron a la Península San Pedro a bordo camionetas del barrio privado, aproximadamente a las 8,30 horas.

Vestían ropas “militares mimetizadas, armas de fuego tipo ametralladoras, ithacas, pistola 9 mm. y cuchillos tipo 'Rambo'”, se acreditó en el expediente.

En su ataque, “privaron de la libertad” a Rafael Boné, Joel Maximiliano Contreras Velázquez y luego a Joel Indalisio Contreras Bahamondes, quienes se encontraban impidiendo el ingreso a las tierras en disputa al Ingeniero Agrónomo Francisco Lacal Montenegro.

“En ese interín, Lacal Montenegro se comunicaba desde su teléfono celular con su interlocutor a quien decía 'ustedes ya tendrían que estar acá'” y “cortando la comunicación. Luego al sonar una alarma con una música bastante particular, y siendo ya alrededor de las 9 horas, se hicieron presentes los imputados quiénes apuntando con las armas le ordenaron a Boné y a Joel Maximiliano Contreras Velázquez tirarse al piso”, detalla la causa elevada a juicio.

El violento hecho se enmarca en una disputa por tierras que involucra al propio Boné -quien había logrado una escandalosa usucapión-, y reconocidos empresarios de Bariloche.
Según la descripción en el expediente judicial, a Boné “le bajaron los pantalones, le quitaron el cinto, le ataron las piernas con el cinto y le sujetaron las manos por detrás con precintos plásticos, además lo despojaron de la cortapluma que llevaba consigo, exigiéndole que no hablara sino lo matarían allí mismo. Luego procedieron a colocarle en la cabeza una bolsa plástica para impedirle respirar,lo trasladaron hacia una mata,lo hicieron arrodillar, bajar la cabeza, e hicieron simular que lo fusilaban haciendo percutir en su nuca un arma de fuego. Continuaron imponiéndole sufrimientos físicos y psíquicos al decirle que lo iban a matar donde estaban cavando un pozo,tras lo cual perforaron la bolsa de plástico para que pudiera respirar y lo trasladan hacia un alambrado donde lo hicieron tirarse y permanecer allí hasta cerca de las 13 horas”.

Similares golpes, amenazas y el robo de pertenencias personales sufrieron las restantes víctimas del hecho.

La pelea por las tierras

La disputa por valiosos lotes en la Península San Pedro, fue visibilizada por ANB, que, en una serie de notas e investigaciones, desnudó la trama de peleas por unas 40 hectáreas. Además, informó por primera vez sobre el violento hecho que este jueves llega a juicio oral.

Rafael Boné había logrado una resolución a favor de su intento de usucapión, gracias a un fallo del Juez Civil Jorge Serra.

Pero las publicaciones de ANB, provocaron que los tenedores originales de esos terrenos -la firma Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL- reclamaran la restitución de los lotes. Tras un engorroso trámite judicial, en noviembre de 2011, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial no avaló la usucapión de las 40 hectáreas.

La resolución judicial ratificó los cuestionamientos al fallo inicial del juez Civil Jorge Serra, quien avaló en el año 2000 la usucapión de los casi 200 lotes reclamados por Boné en 1996.
Aquella resolución fue apelada por el abogado representante de la SRL, Martín Pastoriza, quien cuestionó que, a pesar de la inexistencia de cumplimiento de las exigencias legales para el logro de la usucapión, el Juez Serra haya avalado el procedimiento.

Mientras duró el proceso y a pesar que no existía hasta ahora una sentencia firme, Boné y su socio Jorge González Galé -a quien habría vendido parte de las tierras que no poseía de manera definitiva-, avanzaron en el alambrado de la zona, talaron árboles y utilizaron glifosato para la limpieza de la zona, hecho que derivó también en una denuncia e intervención judicial.

La Cámara también cuestionó la adquisición de terrenos en esa zona por parte de la firma Gavenny Company S.A. -con domicilio en Uruguay y conformada oportunamente por el empresario de Bariloche Diego Fenoglio y el abogado Roberto Eiletz-, que a partir de un enmarañado remate realizado por la Dirección General de Rentas Provincial por deudas tributarias, logró hacerse de ocho lotes con costa de lago.

Estas disputas por tierras entre poderosos empresarios, dieron marco al violento hecho que ahora se juzga. (ANB)