Tres de Mayo interpuso multimillonaria demanda contra el Municipio

Tres de Mayo llevó a la Justicia Penal sus constantes amenazas contra el Municipio. Además, la empresa transportista remitió una carta documento en la que reclama unos 26 millones de pesos como resarcimiento por los perjuicios derivados de la incautación de sus bienes. Además, responsabiliza al Municipio por los incendios, robos y daños sufridos en sus unidades.

En la carta documento remitida a la comuna, Tres de Mayo exige una reparación a la "ilegítima y aberrante confiscación de los bienes", lo cual le impidió, argumenta, seguir operando otras líneas, como la que recorría la Región Sur por la ruta 23. En un detalle de los perjuicios económicos, arriba a la demanda por 26 millones de pesos, sumando 10,4 correspondientes a la explotación de los servicios por la Región Sur; 400 mil pesos por la línea perdida al Cerro Catedral -concesionada por la Provincia-, 1,5 millones por las unidades incendiadas, 3,4 millones por el robo de repuestos y herramientas, 1,5 millón por el alquiler compulsivo de las unidades a Autobuses Santa Fe, entre otros conceptos.

La municipalidad deberá responder a esa carta documento, aunque ya su Asesor Letrado rechazó los términos del planteo.

Paralelamente, Guido Dal Pozzo, titular de Tres de Mayo, presentó una denuncia penal ante la Justicia contra el Ejecutivo municipal debido a los dos incendios que sufrieron unidades estacionadas en un playón. Pero también reclama que se investigue a la empresa Autobuses Santa Fe, que " es una empresa que no tiene caras visibles. Es todo oculto. Los que siempre operan a favor de ellos son los funcionarios municipales. Parecen empleados de Autobuses Santa Fe", planteó Dal Pozzo en su escrito.

En su denuncia siguió los lineamientos ya expresados en un informe realizado por el grupo Clarín, en el que se acusa al municipio y la empresa de ocultar los vínculos de la firma con el hermano del Ministro de Seguridad de la Nación, Agustín Rossi. "Había una decisión política de darle el transporte a una empresa vinculada a la política, de propiedad de un importante hombre en la estructura del gobierno nacional", indicó.

En paralelo, la firma pidió a la Fiscalía de delitos contra la Propiedad que unifique la investigación de las actuaciones penales iniciadas por los incendios y robos a las unidades. Al mismo tiempo, hizo nuevas presentaciones por la sustracción de repuestos. Esas denuncias de carácter penal recaerían en funcionarios del Ejecutivo.

La definición fue llevada a la práctica, luego que la comuna cerrara vía administrativa que ratificó la incautación de los activos de 3 de Mayo, y que la Cámara Civil de Apelaciones anulara la autorización otorgada por el juez Cristian Tao Anzoátegui para alquilarle a Autobuses Santa Fe, las instalaciones y unidades de la empresa que históricamente operó en Bariloche.

En ese caso, los camaristas Emilio Riat y Carlos Cuellar en consideraron que el Municipio actuó como "gestor de negocios" de Autobuses Santa Fe, impulsando un alquiler que había sido rechazado por la empresa local y por la síndico del concurso de acreedores.

Tres de Mayo sostiene que el municipio es responsable por los daños provocados por los incendios de unas 20 unidades, y los robos de neumáticos y repuestos. También acusa a la comuna de daños indirectos, como la quita de activos.

Oportunamente, ante los concejales el abogado de Tres de Mayo, Rodolfo Rodrigo, planteó ante los concejales que esa medida se tomó cuando ya no existía relación entre la empresa y la Municipalidad, ya que en julio el Estado había dado por terminada la concesión. En ese marco, calificó como “un robo vulgar” el hecho, y arriesgó que “en la historia institucional de Bariloche no hubo nunca un desparpajo así”.

Sin embargo, la Asesora Letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, recordó a Rodrigo que un día después de la quita de la concesión, el mismo Ejecutivo dispuso por Resolución sostener el vínculo a través de un permiso precario, hasta el 31 de diciembre, es decir un día después de la incautación, producida el 30.

En esa oportunidad, Rodrigo acompañó al titular de Tres de Mayo, Guido Dal Pozzo, quien agregó que con una medida “premeditada” por parte del Municipio, la empresa sufrió también la clausura de talleres, lo cual derivó en la imposibilidad de prestar el servicio por la ruta 23 -Región Ssur-, y la consecuente pérdida de la concesión.

“Acá hubo un robo desvergonzado. Autobuses Santa Fe presta el servicio con nada: los micros, talleres y oficinas son de Tres de Mayo”, resumió Rodrigo.

Al respecto, el Asesor Letrado del Ejecutivo, Ricardo Medrano consideró“inviable” el millonario planteo de Tres de Mayo, y precisó a ANB que la comuna aún no fue notificada ni de la demanda civil ni de la denuncia penal.

A priori, el letrado consideró “confusa” la diversidad de las presentaciones ante la Justicia. Recordó además que el titular de Tres de Mayo había anticipado por para “preservar la institucionalidad” no se denunciaría penalmente a los funcionarios del Ejecutivo por el robo de cubiertas de unidades propiedad de la transportista.

“No queda clara cuál es la pretensión o petición de Tres de Mayo”, sintetizó el abogado y consideró que “se entremezclaron” diversos avatares que atravesó la firma y por los que responsabiliza a la comuna.

“Nuestra visión es clara, estuvimos permanentemente dentro del marco de la legalidad, y acorde a la exigencia que impuso la situación” en la peligró la prestación del servicio del transporte urbano.

Concretamente, “no le veo viabilidad al reclamo, máxime porque la incautación administrativa, dispuso el pago de un canon. Se discutirá se debe ser mayor o menor, pero eso es subsanable” consideró Medrano.

En la práctica, el cálculo por el que Tres de Mayo llega a la cifra de la demanda que interpuso -26 millones de pesos- es improcedente para el Municipio. “Ni por asomo hablamos de esos montos en lo que refiere al pago del canon” o a una diferencia que Tres de Mayo podría estar reclamando.

Por lo que “con o sin demanda -dijo porque aún la comuna no fue notificada- no vislumbramos viable un juicio millonario contra el Municipio”, aseveró.

Medrano explicó a ANB que, progresivamente, “se le han devuelto a Tres de Mayo el 85 por ciento de las unidades incautadas. Hoy no tenemos más de cinco unidades”, subrayó, y transparentó que el inmueble continúa bajo incautación.

El abogado argumentó además que el contexto en el que se definió la incautación era acuciante. Tres de Mayo “estaba al borde de la quiebra y sigue estándolo. La única concesión que tenía era Bariloche”, puntualizó.

Y recordó la seria de incumplimientos de la transportista, que derivaron incluso en la suspensión del pago de los salarios de los trabajadores.

A mediados de julio pasado, esa situación de emergencia motorizó gestiones municipales para la obtención de un ATN de cinco millones de pesos que recibió la transportista a modo de “préstamo” y que aún no restituyó. “Tres de Mayo le debe mucho dinero a la Municipalidad, ya están cumplidas las condiciones para que lo devuelva y no lo hace. Hoy por hoy Tres de Mayo le debe cinco millones al Municipio”, subrayó.

Y concluyó: “Es muy fácil invocar daños (y responsabilidades), pero hay que acreditarlos judicialmente”. (ANB)