Viernes 24 de octubre del 2014

mín:

máx: 24º

t

pre: 1015.92 mb - vie: 12.87 km/h

Blog Hijas de Eva | 24/08/2012

Se va la segunda

La Ley que regula los abortos No Punibles en Río Negro, recientemente aprobada, podría ser modificada en segunda vuelta, debido a que varios de sus artículos fueron observados, entre ellos los vinculados a plazos para la realización de ANP, la situación de mujeres con discapacidad, como la ausencia de un registro público de objetores. Las sugerencias provienen de diversos colectivos, entre ellos una fundación que trabaja con discapacidad, la CTA Río Negro y de varias organizaciones. Nota de SusanaYappert.

La Central de Trabajadores/as de la Argentina, CTA regional Río Negro, elevó a la Legislatura una propuesta de modificación a la reglamentación del Aborto No Punible que se aprobara en primera vuelta el 10 de agosto, que propone "no fijar fecha tope; el plazo de las doce semanas sólo podría regir si es por voluntad de la mujer, no por causales de excepción.". Atenta a la situación de muchas mujeres que no saben que están embarazadas, o se anotician de ello pasadas las 12 semanas. Otro motivo de peso que esgrimen es que hay mujeres con determinados tipos de discapacidad que no pueden dar cuenta de la violación o del embarazo, por lo tanto consideran "innecesario determinar algo que no exige el código penal".

Para la CTA Río Negro, debe eliminarse "el plazo "para todos los casos", ajustándose a lo que rige en la actualidad, tal lo ratificado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la menor violada en Chubut. "Con esta limitación temporal- afirma- se estaría dejando fuera de la ley a la mayoría de los Abortos No Punibles."

Otro de los casos que sugieren a las legisladoras contemplar, es aquél que ocurre cuando se descubren graves problemas de salud del feto pasadas las 12 semanas, como "los casos de anencefalia, que al cuarto mes recién se detectan en la generalidad de los casos (y) fijando un plazo máximo se obliga a la mujer a continuar con el embarazo, más allá del riesgo". También solicita que se elimine el requisito de la revisación de la víctima por un médico forense, ya que no es un requisito que señale el código penal.

Otro punto importante es el que refiere a los casos de atentado al pudor sobre mujer "idiota o demente", del artículo 7, según el cual se exige" Testimonio de la sentencia que declara judicialmente la incapacidad de la mujer: Consideramos que pueden constituirse en un obstáculo estos requisitos para las personas muy humildes. Con la constatación evidente de insania, por parte de un/a profesional de la salud mental podría bastar. De igual modo, hace reparos a la consideración sobre el "Consentimiento informado" de la práctica, puesto que ha ocurrido, como el conocido caso de la menor con discapacidad de Guernica que fue violada y embarazada por quien poseía la curatela de la misma, su padre (caso LMR, que llegó a al Comité de DDHH de la ONU y que generó una condena al Estado argentino por impedir el aborto).

Por su parte, la Fundación Invisibles, que trabaja con personas con discapacidad, pone el acento en que debe respetarse la decisión autónoma de las mujeres para decidir un aborto. En un documento elevado al grupo de legisladoras que impuso el proyecto, se pide que el Estado tenga en cuenta que "todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute". Aunque advierten que en cuestiones de interrupción del embarazo, "la discapacidad no ha de ser un elemento relevante".

Respecto al derecho de acceder al aborto frente a determinadas circunstancias, en el caso de niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad- afirma esta organización- es necesario que el estado sea garante de: Contar con personal capacitado en derechos y trato adecuado a personas con discapacidad, especialmente en lo que refiere a los derechos sexuales y reproductivos o la interconsulta con profesionales especializados; asegurar que los procedimientos se realicen en instalaciones accesibles, sin barreras arquitectónicas, para la atención de las jóvenes y mujeres con discapacidad, que así lo requieran y garantizar que el pedido de consentimiento sea a través de información y comunicación accesible para todo tipo de discapacidad, material en braille, intérprete en lengua de señas, protocolos en lenguaje sencillo, entre otras opciones. Dichos apoyos aseguran la autonomía y autodeterminación, sin necesidad de intervención de otras personas, más allá de las que generen los apoyos mencionados, debiendo ser estas, parte del equipo de profesionales de la salud y/o de apoyo, con el fin de asegurar la confidencialidad y privacidad. Y por último, el Estado debe asegurar el consentimiento con el fin de evitar abortos no consentidos y otras intervenciones como ser esterilizaciones forzosas o no consentidas, abortos eugenésicos (entendidos como aquellos que se practican para evitar el nacimiento de un feto con discapacidad) y decisiones que van en contra de los deseos de la propia joven o mujer con discapacidad; especialmente en personas incapacitadas judicialmente.

En un documento, comparten algunos datos para la reflexión en relación a esta población: "Según el Informe elaborado por el Parlamento Europeo en 2004, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual." En relación a esto, organismos internacionales sugieren protocolos de atención específicos para esta población, considerando que ellas padecen una doble discriminación.

Quien también hizo recomendaciones en el proceso de elaboración de esta Ley, y es necesario destacar por lo inédito, es la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia. La Dra. Adriana Zaratiegui, por pedido del Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Humberto A. Marinao, justificó la necesidad de reglamentar los ANP mediante la utilización del Protocolo elaborado para estos casos. La OM, quien se pronunció en línea con el Fallo de la CSJN del 13 de marzo pasado que optó por la interpretación amplia del artículo 86 de nuestro Código Penal, enumeró la normativa nacional e internacional a ser contemplada para el cabal respeto de toda mujer a decidir de modo libre y soberano sobre su cuerpo.

Destacando, en línea con objeciones hechas por distintas organizaciones, que 1) "la toma de decisión de la mujer sea prestada en libertad, previa y debidamente informada en relación al proceso que está viviendo, resaltando al respecto las especiales consideraciones en los casos de adolescentes y de las mujeres con discapacidad mental; 2) la confidencialidad de la práctica del aborto no punible, salvo consentimiento expreso de la mujer; 3)que la práctica de ANP apareje discriminación 4) que la infraestructura en que se realice la práctica asegure el mayor grado de privacidad visual y auditiva posible"; y en general en cumplimiento de la Guía Técnica elaborada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

En tanto, La Red de Género de Río Negro acompañó la mayoría de estas propuestas, como también la implementación de una lista pública de objetores, a fin de evitar que médicos que sean objetores en el ámbito público practiquen abortos en el ámbito privado, tal como propuso la legisladora Silvia Horne (FpV), punto que no fue debatido pero no aprobado en la sesión del 10 de agosto. Se espera que en la próxima sesión, se avance en la redacción definitiva de una ley muy esperada por mujeres de esta provincia.

Agencia de Noticias Bariloche :: Diario online con noticias e información de San Carlos de Bariloche. Director Periodístico del diario: Santiago Rey

Copyright 2007 - www.anbariloche.com.ar - Todos los derechos reservados | Agencia de Medios Patagonia S.R.L.