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La Ciudad por Carolina Cohen | 15/07/2012

Prioridades

Goye es autor de una nueva metodología de protesta social. El Intendente, elige no recibir a la gente y sus reclamos -no lidiar con el problema-, empujando a que estos pedidos tomen estado público. Así, las exigencias encuentran inmediata respuesta y, ante la extrema necesidad y la legitimidad de los reclamos, la práctica se replica. Los qué, porqué y cómo de una crisis social que puede devenir en conflicto social.

El secretario de Hacienda, mediando en protesta social

El dilatado cronograma de pago de planes sociales municipales, no es otra cosa que un ajuste en las prioridades de gasto sobre los sectores más vulnerados de la sociedad, y un paso más en la contradicción con el intento de recreación de un "Estado benefactor", impulsado a nivel nacional por el Gobierno de CFK, a través de políticas públicas inclusivas. Goye, en tanto, no establece correctamente qué gastos se pueden ajustar y cuáles provocarían un daño social. Así, el jefe comunal "achica" los gastos del Estado con los más pobres, en lugar de buscar recursos genuinos para aportarle mayor liquidez a las arcas municipales.

Los datos duros, indican que en el Presupuesto 2012 elaborado por Goye, la Secretaría de Desarrollo Humano tiene un presupuesto global de 36,9 millones de pesos, de los cuales 18,6 corresponden a salarios de la planta permanente, 901 mil a sueldos del personal político, y otros 6 millones a la planta temporaria, incluyendo contratados.

Es decir que de los 36,9 millones del presupuesto, 25,6 millones se destinan a salarios. No obtante, esto no implica decir que el resto del presupuesto de Desarrollo Humano, se aplique a paliar la situación social, ni a programas. Existen gastos en bienes de consumo, pago de Servicios, entre otros conceptos.

De los 10,3 millones restantes 9.064.106 millones corresponden a "recursos afectados", es decir transferencias de Nación o Provincia para programas sociales, aportes, pensiones, entre otros.

El último Ejecutado, y la deuda de más de 720 mil pesos en el pago de programas sociales, demuestran que el monto que le corresponde al municipio -algo más de un millón en el año, en general- queda subejectuado por falta de recursos. Es decir que no paga, y por lo tanto no se hacen las transferencias, o directamente no se ponen en marcha los programas.

Ese recorte en las políticas públicas que sostienen el tejido social, y la falta de acercamiento de Goye y sus funcionarios a los sectores más vulnerados "cargan" un conflicto social.

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En tanto, para complejizar aún más el panorama, existieron gestos y declaraciones del poder político que no ayudaron. La legisladora Silvia Paz, ante el incendio de su vivienda, solicitó dos colchones. La parlamentaria, que percibe unos 25 mil pesos mensuales, recurrió al Estado municipal para que la asista con elementos destinados a los sectores más vulnerados de la sociedad.

En tanto, las declaraciones poco felices de la licenciada en Trabajo Social y presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Martini, quien aludió a que desconocía el reclamo de integrantes de la Cooperativa 1 de Mayo -y de la Asociación de Trabajadores Desocupados Independientes- "porque están incluidos en el programa Argentina Trabaja y en el Plan Calor, cobran un subsidio y tienen obra social". Además justificó su postura al mencionar que "no se acercaron a dialogar con el intendente antes de cortar la ruta" medida que "nos afecta a todos", dijo oportunamente. En esos términos, la trabajadora social obvió que el reclamo incluía "más puestos de trabajo para las cooperativas; implementación de los planes Argentina Trabaja; puestos de cooperativa para los ex convictos del Penal Número 3 de Bariloche, apertura de comedores y leña", según detalla el comunicado oficial de anuncio de las medidas.

Así, poniéndose a la derecha de Goye con sus dichos -el Intendente había manifestado que los trabajadores tenían todo el derecho a reclamar y luego de la protesta en el Centro Cívico, dio respuesta (en parte) al pedido- Martini tuvo un desliz ideológico que mermó en su imagen positiva por no más de una semana.

Otro desatino lo consignó el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al afirmar que en Bariloche "no hay mayor desigualdad social que en otras ciudades de la provincia". Quizás los indices del nivel de pobreza e indigencia, no sean superiores a los de localidades como Viedma o Roca. Pero, justamente la "desigualdad social", esa brecha entre dos clases sociales antagónicas, sí se profundiza en Bariloche. Especialmente, porque quienes padecen pertenecer a las clases sociales más vulneradas, viven en una ciudad concebida para las más pudientes. De lo expuesto, da cuenta el alto costo de vida en Bariloche, la tenaz crisis habitacional, la concentración de la riqueza, la exclusión social, seguida de la autoexclusión y la cohesión social en la lucha por los recursos escasos, materializada en las protestas del último mes.

Es que el denominado efecto cascada de la monoindustria turística, ni siquiera roza al grueso de la población. Mientras que en el aeropuerto se inaugura la llegada de los primeros vuelos charter desde Brasil y en el cerro, el inicio de la temporada, centenares de familias padecen el desabastecimiento de garrafas -por desinteligencias y falta de previsión por parte de COOPETEL y del Gobierno Provincial- la demorada ejecución del Plan Calor -por desinteligencias y falta de previsión por parte del Municipio- la pronunciada deuda en planes sociales y la desocupación o precarización laboral.

Las prioridades, siempre las prioridades.

Sin dudas, lo que aporta aún más incertidumbre al sombrío panorama social de la ciudad, es el modelo de proyecto que plantea el Gobierno de Goye: la inconsistencia de una política cimentada en el endeudamiento -por los abultados intereses que genera sobregirar en descubierto bancario-; y el no ir por los sectores más acomodados y poderosos de la sociedad, a través de lineamientos tributarios realmente progresivos.

Ese modelo noventista, tiene duras consecuencias políticas, tal como le ocurre, por estos días, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Ambas realidades económicas (la de Bariloche, y la de Buenos Aires) sólo pueden comenzar a modificarse a través de la progresividad impositiva como única vía de salida equitativa de la desaceleración de la economía, que roza los límites de la recesión.

Quizás Goye, debería considerar que si bien son claros los indicios de que la pobreza en Bariloche es "estructural", también tiene aristas coyunturales, lo que impide soluciones simplistas, pero a la vez permite sostener el tejido social con medidas de acción rápida y direccionadas. Si no lo hace, el conflicto social golpeará su puerta.

Carolina Cohen

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