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Lunes 28
julio 2014
San Carlos de Bariloche

22 de octubre de 2012 |

Escuelita II: abogado defensor cargó contra el tribunal

En su alegato, el abogado defensor aseguró que desde 2003 “se viola sistemáticamente el principio de legalidad” y que el juicio es parte de una “venganza” de quienes hoy gobiernan el país dirigida al “enemigo del pasado”. Planteó la nulidad del debate oral y de las acusaciones. Cuestionó al Tribunal Oral Federal de Neuquén, especialmente a su presidente, Orlando Coscia, al entender que limitó el ejercicio de defensa y formuló, durante los interrogatorios a las y los testigos, preguntas “capsiosas”, “indicativas” y “tendenciosas”. Solicitó, subsidiariamente, la absolución de los militares retirados: Gustavo Vitón, Ricardo Luera e Hilarión de la Paz Sosa.

Hernán Corigliano (foto: gentileza Diario 8300 - Jorge Ariza)

Este lunes se reanudaron las audiencias correspondientes a la etapa de alegatos en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, causa conocida como “Escuelita II”. Durante la jornada expuso el abogado defensor Hernán Corigliano, quien se refirió a las imputaciones que pesan sobre tres de sus cinco asistidos: José Luera, al momento de los hechos comandante de la Sexta Brigada, Hilarión de la Paz Sosa, por entonces Jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña Sexta de Neuquén y Gustavo Vitón, a cargo de la Compañía “A” del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 en 1976, y a partir del golpe de Estado asignado como jefe del área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de Cipolletti. Mañana su colega, Paola Rubianes, aludirá a las acusaciones contra Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, ex oficiales del Destacamento de Inteligencia 182. Excepto Vitón y Luera todos fueron condenados en 2008 en la causa “Escuelita I” por su participación en el plan sistemático de represión clandestina perpetrado en los años del terrorismo de Estado.

Los imputados, por orden del Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF), estuvieron presentes en el salón verde de la mutual Amuc, sede del debate, salvo quienes siguen el juicio por videoteleconferencia desde Buenos Aires y Bahía Blanca. Solo se ausentó De la Paz Sosa, por problemas de salud. En total son 22 los acusados.

Corigliano afirmó que desde 2003 en Argentina “se viola sistemáticamente el principio de legalidad” transformándose ”un Estado de derecho en un Estado de desecho”. Relató las circunstancias en las que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación y señaló que quienes en la década del setenta “atentaron contra las instituciones de la república” por medio de sus actividades terroristas-mencionó a la ministra de Seguridad Nilda Garré- hoy encarnan una “venganza contra el enemigos del pasado”. Indicó que para concretar este objetivo se “falseó” la historia al negar “la guerra revolucionaria”, presentando a “los terroristas” como “jóvenes idealistas”. Asimismo, relató que se removió a la Corte Suprema de la Nación para ganar “jueces adeptos al gobierno”, se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, y ya “controlado el Poder Judicial” se declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “El objetivo final es obtener un importante beneficio económico demandando al Estado por los supuestos daños y perjuicios sufridos”, insistió.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén: Orlando Coscia (centro), a su derecha Mariano Lozano y a su izquierda Eugenio Krom. Foto 8300web (Cecilia Maletti).

Dijo que el juicio es “ilegítimo” e “ilegal” y planteó la nulidad absoluta del debate oral fundándola en que dos de los miembros del tribunal -Orlando Coscia, su presidente, y Eugenio Krom- dictaron sentencia condenatoria en la causa “Escuelita I”. Sin embargo, la decisión sobre la integración del cuerpo fue apelada y confirmada. Lo mismo ocurrió con el fallo que pese a ser recurrido se encuentra firme.

“-¿Cuál es la garantía de imparcialidad para mis defendidos?”, protestó. Y cargó contra los magistrados al asegurar que son “funcionales al poder político de turno”.

Sobre Coscia dijo que formuló preguntas “capsiosas”, “indicativas” y “tendenciosas” a testigos y que limitó los interrogatorios de las defensas y la prueba, como la negativa a la declaración del ex juez de instrucción Guillermo Labate.

El abogado criticó a Noemí Labrune, una de las referentes del movimiento de Derechos Humanos en la zona y símbolo de la Apdh Neuquén, querellante en el juicio, por su “intromisión permanente” en la etapa instructoria con la “anuencia de funcionarios judiciales”. Cuestionó la “selectividad” de las y los profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Delito que brindaron contención a las y los testigos-víctima, y a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, responsables de la filmación del debate, ya que entiende que en los spots emitidos en canal 10 de Rio Negro “daban por cierto” los hechos objeto del juicio.

También pidió la nulidad de las acusaciones, al afirmar que ninguna dio precisiones sobre los hechos que se le enrostran a sus defendidos. Adhirió al alegato que dará el abogado Gerardo Ibañez, representante del imputado Enrique Braulio Olea, en cuanto a la violación al principio de “cosa juzgada” y de prescripción de la acción penal. (Diario 8300)

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