En octubre de 2008, la Delegación Río Negro del INADI entregó a la Ministra de Salud Cristina Uría la Recomendación General del Instituto sobre “Discriminación en la Atención Sanitaria de Casos de Abortos Legales y Tratamiento Postaborto” que tiene como objeto eliminar las situaciones de discriminación hacia las mujeres en la práctica de los abortos legales y la atención postaborto, tanto en términos de evitar las dilaciones que implica someter innecesariamente los casos a la justicia como en relación a la prevención de la mortalidad de las mujeres a través de la correcta aplicación de la legislación vigente.

Con ese fin, se elaboró una propuesta que sugiere una reglamentación del procedimiento a seguir por los/as profesionales de la salud toda vez que se presente alguno de los casos previstos en el art. 86, incs. 1 y 2 del Código Penal y una mujer solicite la realización de un aborto legal.

Se aportó una propuesta de reglamentación de la legislación penal existente. Es un protocolo para la atención sanitaria de los casos de abortos legales, es decir, los que ya contempla el Código Penal vigente en nuestro país en concordancia con las disposiciones de nuestra Norma Fundamental, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y las recomendaciones de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

La Recomendación plantea que de manera inmediata los/as profesionales de la salud y los servicios médicos atiendan los casos de abortos legales sin dar intervención a ningún otro organismo y que el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten un Protocolo para la Atención Sanitaria de Casos de Abortos Legales que garantice el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad y sin discriminación.

El protocolo tiene por objeto regular el procedimiento a llevar a cabo por los/las médicos/as en los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud Público, respecto de la atención de abortos legales y estipula que en ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo contemplada en el Código Penal de la Nación y realizada en concordancia con lo dispuesto en el protocolo, requiere la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de la mujer embarazada desde la perspectiva de la salud.

A los efectos del diagnóstico médico debe considerarse la salud de la mujer entendida como el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”.

En el caso de la menor de 17 años, embarazada como consecuencia de haber sufrido un abuso sexual por parte de su padre y en el que Salud Pública de la provincia solicitó la autorización de interrupción del embarazo en el Juzgado de Instruccion N�2 Bariloche, el delegado Julio Accavallo planteó “Si el Ministerio de Salud de la provincia hubiera adoptado el Protocolo que le entregamos en el año 2008 hoy el caso de la menor abusada no estaría judicializado, como bien expuso el Juez Lozada no hace falta la intervención de la justicia para resolver estos casos, pero sí hace falta reglamentar el procedimiento para que ningún medico tenga temor de actuar”.

“De las consultas realizadas se puede inferir que gran parte de la comunidad médica se encuentra a favor de la práctica del aborto legal; y que –en la mayoría de los casos– la negativa no surge de la objeción de conciencia sino que radica en el temor producto de la confusión entre la legislación vigente y las interpretaciones contradictorias que históricamente los tribunales de todas las instancias han emitido” afirmó Accavallo.

El Delegado del INADI explicó que “en la mayoría de los casos solicitan autorización al Poder Judicial, aunque este procedimiento sea innecesario y no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que deba pedirse autorización judicial para realizar un aborto no punible contemplado dentro del artículo 86 del Código Penal”.

“La omisión de reglamentación de los abortos legales constituye una violación a los derechos humanos básicos de las mujeres y judicializa estos casos postergando el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo y a veces lo hace impracticable, poniendo en mayor riesgo la vida y la salud integral de las mujeres que recurren, en la mayoría de los casos, al aborto clandestino que causa miles de muertes por año, por lo tanto se requiere una intervencion urgente de Salud Pública que brinde una solución clara e inmediata” concluyó Accavallo.