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Miércoles, 22 de febrero de 2017

Porqué no están presos...

Diariamente, recorriendo nuestra ciudad, mucha gente se pregunta y me pregunta –en mi calidad de testigo de la causa Arbos– por qué razón los citados siguen en libertad. Y no sólo en libertad, sino aún al frente de sus organizaciones unos y ejerciendo sus profesiones otros, cuando el fallo condenatorio no sólo determina la prisión sino también la inhabilitación para los cargos que ejercen.



En abril del corriente se cumplirá ya un año de la sentencia Nº 1/2014 del 7/4/2014, por la cual se condena a cuatro años de prisión e igual plazo de inhabilitación en el expediente Nº 81000599/2007 denominado "Zúñiga, Ovidio Octavio; Cortés, Walter Enrique; Carcar, Víctor Ricardo; Goye, Omar; Madrazo, Gonzalo s/ delito c/ la administración pública" a los nombrados.



Por delitos mucho menores, enorme cantidad de ciudadanos –en su mayoría pobres– espera en prisión el resultado de la apelación de sus condenas o el llamado a juicio.



En el caso que nos ocupa no ha sido así, lo cual hace pensar en la existencia de una Justicia influenciada en sus fallos por la condición social de los inculpados.



Transcurrido ya casi un año, los tribunales de Comodoro Py no se han pronunciado aún sobre la sentencia condenatoria unánime en primera instancia del Tribunal Oral Federal de General Roca.



Estos hechos no hacen más que profundizar la desconfianza de la ciudadanía en la Justicia y en su tan mentada "independencia". Los imputados en Bariloche por participar en protestas sociales con cortes de ruta intermitentes han estado hasta presos por una conducta que no ha afectado al erario público ni al privado.



¿Tendrá que ver esta demora con la actuación de los operadores políticos y su relación con las decisiones judiciales? ¿Tendrá que ver con las alianzas políticas que se están pergeñando en plena época electoral y el posicionamiento que adopten las cúpulas dirigenciales de los gremios o las organizaciones a las que los condenados adscriben? ¿Por qué razón la inquietud que se manifiesta entre los ciudadanos comunes no tiene correlato en las organizaciones políticas, sindicales o en los gobiernos de turno? ¿Será porque las organizaciones gremiales de los condenados han sido útiles y lo son para las movilizaciones previstas en torno a la futura campaña electoral?



Muchos interrogantes sin respuestas. Sería muy interesante para la salud de la democracia y de la República que con la mayor celeridad los tribunales de segunda instancia ratifiquen el fallo y que quienes se han enriquecido con los dineros públicos destinados a la salud de la población cumplan su condena en prisión.