Fuerte cruce entre gobierno provincial y el fiscal Martín Lozada

Una columna de opinión escrita por el fiscal de Cámara Martín Lozada despertó el malestar en el gobierno provincial que lo acusó de alentar un sistema garantista que desemboca en la “puerta giratoria” de la Justicia.

Lozada escribió un texto que fue publicado por el diario Río Negro, en el que abordó la necesidad de instaurar algunas modificaciones ante el inminente cambio del modelo procesal en la provincia. El fiscal consideró que es primordial “contar con criterios definidos en materia de política criminal” para así poder determinar cuáles son los principales conflictos a los que se enfrenta la sociedad.

El funcionario judicial además consideró de vital importancia la creación de la Policía Judicial para trabajar en casos que requieran una investigación para la cual, la Policía rionegrina no estaría capacitada, según consideró.

“Tanto la Constitución provincial como el nuevo Código de Procedimiento en materia penal invocan la existencia de una policía judicial. Se trata de un cuerpo de efectivos capacitados en técnicas de investigación criminal”, subrayó en la columna de opinión y agregó que a pesar de la importancia que reviste esta institución, hasta el momento se omitió su creación.

El fiscal además sostuvo que la Policía de Río Negro no cuenta con recursos técnicos necesarios y su funcionamiento está ligado a “una estructura no depurada y de dudosa adecuación democrática”.

El texto finalizó con un interrogante sobre la capacidad y voluntad del gobierno provincial para encarar un “proyecto serio de persecución penal”.

La columna fue publicada este miércoles por el diario regional y la respuesta del Ejecutivo provincial no se hizo esperar: este jueves emitieron un comunicado de prensa con duras acusaciones al funcionario judicial.

“Representantes de algunos sectores que siempre han evidenciado marcadas diferencias con la Policía, parecen estar tratando de generar un escenario de imagen negativa para con la fuerza de seguridad provincial”, manifestaron en el parte oficial que no fue firmado por ningún funcionario en particular.

En este sentido, apuntaron contra Lozada y aseguraron que omitió el trabajo que viene realizando la fuerza de seguridad provincial, y negaron que la institución no esté “depurada” argumentando esto con el ejemplo de los efectivos policiales que fueron desplazados luego del caso de Lucas Muñoz.

“Durante sus doce años como magistrado colaboró para instalar un sistema de inseguridad a partir de una concepción extremadamente garantista, que llevó a que los delincuentes estuvieran en las calles y que los policías que los atrapaban fueran luego acusados por haber cumplido con su deber”, criticaron desde el gobierno y luego lo acusaron de hacer “poco” por mejorar el sistema judicial en la provincia.

La postura de Martin Lozada tuvo el respaldo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) quienes a través de un comunicado de prensa sostuvieron que el fiscal no defiende intereses particulares “sino la vigencia de los Derechos Humanos” y recordaron también que la existencia de una Policía Judicial está “garantizada” en el nuevo Código de Procedimientos.

Los miembros de la APDH sostuvieron también que solicitaron en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con policías con “vocación democrática” y recordaron el rechazo planteado al nombramiento de Mario Altuna como jefe de la fuerza rionegrina, así como los casos de los crímenes del Alto, y el de Lucas Muñoz donde “se hace evidente la necesidad de contar con un organismo de investigación al servicio de la justicia que depende de ese Poder Judicial” sin tener relación con la Policía  de Río Negro. (ANB)